Un comercial vendiendo un coche nuevo en un concesionario.
La OCU alerta sobre el abuso de los concesionarios en la financiación para comprar un coche: "Es un engaño"
"Si te dicen que financiarlo es más barato, no te lo creas, es un engaño..." advierten desde la OCU donde destacan cláusulas de financiación abusivas.
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La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha iniciado una nueva campaña para denunciar las cláusulas abusivas en los contratos de financiación de los concesionarios en España. Aunque estos acuerdos pueden parecer inicialmente una opción atractiva para pagar menos por un vehículo, la realidad es que muchas veces resultan menos favorables que un préstamo bancario tradicional. La OCU advierte que estas financiaciones pueden implicar intereses más elevados, mayores comisiones y condiciones poco transparentes, lo que puede hacer que el coste final del coche sea significativamente superior al precio de venta inicial.
Esta problemática preocupa a un gran número de consumidores en España, ya que, según los datos de la OCU, el 60% de los coches nuevos adquiridos en el país se financian mediante un préstamo. De estos, un 58% opta por la financiación del propio concesionario, una alternativa que, lejos de ser ventajosa, puede encarecer el precio final del vehículo. Desde la organización señalan que, pese a la creencia extendida, financiar el coche con la entidad propuesta por el concesionario no siempre supone un ahorro real, sino todo lo contrario.
"Aunque el precio del coche parezca menor, a la larga, con la financiación acabas pagando bastante más, así que si te dicen que al financiarlo es más barato, no te lo creas, es un engaño... y no es el único", advierten desde la OCU. La campaña también pone el foco en otras condiciones abusivas incluidas en estos contratos, que pueden comprometer al comprador con cláusulas poco favorables y costes adicionales inesperados.
Cláusulas abusivas en los contratos de financiación
Las condiciones que imponen las financieras de los concesionarios suelen ser menos ventajosas que las de un préstamo bancario, ya que incluyen intereses más altos, comisiones elevadas y cláusulas que pueden llegar a ser abusivas. Entre los casos más preocupantes que señala la OCU, se han detectado financiaciones con una TAE que "podrían ser usurarios", dependiendo de la fecha de firma del contrato y la duración del préstamo. En algunas sentencias, se ha dictaminado que una TAE del 14,55% es excesiva, por lo que es fundamental revisar bien el contrato antes de firmar.
Otra práctica abusiva frecuente indicada por la OCU, es la comisión de apertura desproporcionada, que no debería superar el 1,5% del valor del préstamo. Esto significa que, por cada 10.000 euros financiados, la comisión no debería superar los 150 euros. También es ilegal la cláusula de vencimiento anticipado, que permite a la financiera exigir el pago total del préstamo tras un único impago, ya que se trata de una medida desproporcionada que podría anular el contrato. Además, muchas financieras incluyen cláusulas de reclamación de posiciones deudoras, pero sin especificar qué gestiones se realizarán ni detallar los importes exactos, lo que supone otra irregularidad.
Otras condiciones incluyen descuentos sujetos a cláusulas de permanencia, que imponen penalizaciones si el comprador decide amortizar la deuda antes de tiempo. También es común que exijan la contratación de productos innecesarios, como seguros vinculados a una entidad específica, sin dar al cliente la opción de elegir o incluso sin informarle adecuadamente. Todo esto se agrava con la falta de transparencia en la información ofrecida en los concesionarios, ya que en muchos casos "no cumple con la normativa de crédito al consumo", dificultando la comprensión del contrato por parte del comprador.
Ante el aumento de quejas y denuncias, la OCU ha decidido actuar y ha lanzado esta campaña para frenar estos abusos en la financiación de vehículos en concesionarios. Una iniciativa con la que quieren garantizar la transparencia en este tipo de contratos con la obligación de mostrar el coste total de la financiación, reforzando mecanismos de control, fijación de intereses máximos y la imposición de sanciones administrativas en caso de detectar alguno de estos abusos.
