El Gobierno ha dado a conocer este miércoles el borrador del proyecto de Real Decreto de Creación, Reconocimiento y Autorización de Centros Universitarios. Se trata de una reforma –por vía de urgencia– del que aprobó el exministro Manuel Castells en 2021 y que ahora endurece los requisitos de apertura y mantenimiento de las universidades bajo el liderazgo de Diana Morant, actual ministra de Universidades. Con ello, esgrime el Ejecutivo, se persigue combatir a los “chiringuitos educativos” y a las “malas universidades”.
No obstante, pese a introducir un paquete de requisitos que deben cumplir todas las universidades con carácter retroactivo, el Ejecutivo no ha especificado cuáles son esas “malas universidades”. Eso sí, el Gobierno ha dejado claro que las privadas son las que están en su punto de mira. “Es un apoyo a la universidad pública para combatir el avance de chiringuitos privados que no cumplen con los criterios y dañan al conjunto del sistema universitario”, decía el presidente, Pedro Sánchez, un día antes de llevar la nueva normativa al Consejo de Ministros.
“Lo que ha ocurrido es una gestión partidista del problema de las universidades derivada de la tensión entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid. Pero es que el problema fundamental de las universidades no es la emergencia de entidades con ánimo de lucro o empresas que participen del sistema universitario. Hay otros problemas estructurales en la universidad española como para echarle la responsabilidad de todo a las universidades privadas. Unas universidades que, por otra parte, han construido una reputación muy buena durante años que se puede demostrar”, valoran fuentes de la asociación Espacios de Educación Superior (ES de ES).
Fuente: Ministerio de Ciencia, innovación y universidades
Los datos, de este modo, demuestran que el rendimiento académico (número de créditos superados entre el número de créditos matriculados) de los universitarios egresados de la universidad privada es nueve puntos superior a los de la pública. Es decir, su rendimiento está un 32 % por encima que el que acumulan los estudiantes de la pública. Así lo ha calculado EL ESPAÑOL a partir de los últimos datos publicados en el Indicadores Universitarios de Rendimiento Académico del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
También, otro cálculo de este medio tiene como resultado que los 452.952 estudiantes de la privada generan un impacto en la economía española de más de 5.000 millones de euros al año, por lo menos.
Los datos sobre el rendimiento académico sostienen que el de los alumnos de la universidad privada presencial en el curso 2022-2023 –el último analizado– alcanzó el 88,2 %, mientras que la pública se quedó en el 79,4 %, casi nueve puntos por debajo. A nivel no presencial, la diferencia es aún mayor, de casi 40 puntos, ya que el rendimiento de la privada online alcanzó el 81 % y el de la pública se sitúa en el 42,5%.
Pese a todo, el informe evidencia que es una circunstancia sostenida en el tiempo, puesto que desde el curso 2015-2016 el rendimiento académico de los alumnos de la universidad privada siempre ha sido superior, alcanzando el pico –en ambos casos– durante el año de la Covid. Los alumnos de la privada tuvieron un rendimiento de 91,4 % y los de la pública de 42,5 %.
“La verdad, no digo que haya habido alguna entidad privada a la que le han otorgado licencias en los últimos años difícilmente justificables, pero lo que está claro es que la mayoría de las universidades privadas en España son de calidad. Así lo reflejan los datos y así lo han evaluado la ANECA –órgano encargado de realizar actividades de evaluación, certificación y acreditación del sistema universitario español– y los 11 organismos autonómicos de evaluación existentes. Quien diga que hay chiringuitos está cuestionando al conjunto del sistema universitario”, continúan desde el observatorio universitario.
De hecho, hay varias universidades privadas españolas en el prestigioso Ránking QS World University de 2024. Entre las 600 primeras están presentes la Universidad de Navarra (249); la Universidad IE de Segovia (435); la Universidad Ramon Llull de Barcelona (466); o la Universidad Pontificia de Comillas (544). Es cierto que entre estas 600 hay más de 10 públicas, pero la presencia privada queda demostrada.
Un gran complemento educativo
Más allá de la demostración del buen rendimiento del alumnado de la universidad privada, lo cierto es que estas instituciones “complementan la oferta de plazas que las públicas no pueden cubrir en la actualidad”, explican otras fuentes analistas del Sistema Universitario Español (SUE). Esto se traduce en que, de los 9.765 títulos que se ofertaron en el curso 2023-2024 –el último año con datos públicos y consolidados–, 7.012 son impartidos en la universidad pública y 2.794 en la privada.
En otras palabras, la universidad privada complementa al sistema llegando a donde la pública no lo hace. “Es verdad que en los últimos 25 años se han creado 26 universidades privadas y ninguna pública, pero ha sido una decisión tanto del Gobierno central como de las comunidades, que son los competentes para hacerlo. Y ahora no podemos criticar esa circunstancia y, por ello, la universidad privada lo ha aprovechado para crear plazas debido a que había una demanda”, destaca un antiguo viceconsejero de Universidades.
Esto se traduce en que en el curso 2024-2025 hay 1.762.459 estudiantes matriculados en las universidades españolas, de los cuales 1.309.507 están en la pública y 452.952 en la privada. “Por tanto, la privada contribuye en cubrir la demanda social a la que no llega la pública. Los señores de la privada no dicen: ‘Oigan, venimos a sustituir a la pública’. Dicen: ‘Venimos a ayudar y ser complementarios’”, continúa.
Fuente: Ministerio de Ciencia, innovación y universidades
Además, la universidad privada contribuye a que los alumnos que no alcanzan la nota de corte de la carrera a la que aspiran no renuncien a su sueño, ya que las plazas son limitadas en muchos casos. “La alta demanda en titulaciones como Medicina o titulaciones STEM ha generado un cuello de botella en las universidades públicas, con notas de corte elevadas que dejan fuera a muchos aspirantes. Este fenómeno ha impulsado a los estudiantes a optar por universidades privadas, que han aprovechado esta oportunidad para expandir su oferta en áreas de alta demanda”, exponen Jorge Sáinz, de la Universidad Rey Juan Carlos; Marta Martín, de la Universidad Autónoma de Madrid; Ismael Sanz, de Rey Juan Carlos y Aitor Lacuesta, del Banco de España en un reciente artículo publicado por la revista Papeles de Economía de Funcas.
Para más inri, las universidades privadas “tienen unos programas más enfocados hacia el mercado laboral” y eso le llama la atención a los estudiantes. Según fuentes de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE) “la tasa de empleabilidad en los alumnos procedentes de las universidades privadas es 10 puntos superior a la que presentan los egresados de las públicas”. Esto es un valor añadido producido por la universidad privada en España y que puede contribuir a la reducción del paro juvenil, situado en 2025 en España en torno al 25 %, según Eurostat.
El gasto de los universitarios
Los propios alumnos de la universidad privada, en este sentido, son los que la defienden y prescriben con mayor ahínco a hoy en día. Así lo refleja el II Informe sobre la Satisfacción del Sistema Universitario Español, elaborado por el Observatorio de Educación Superior (EsdeES), y realizado mediante 14.000 entrevistas en 89 centros –de los 96 existentes–. Según el documento, los alumnos y los antiguos alumnos de la privada están más “satisfechos” con su formación y experiencia.
En cifras, “en las universidades públicas el 34,3 % del estudiantado se considera como promotores de sus universidades, el 33,4 % son pasivos y el 32,3 % son detractores, mientras que en las privadas 58,6 % son promotores, 22,2 % son pasivos y el 19,2 % son detractores”, sostiene el informe.
Pese a ello, está claro que más allá de la satisfacción de los alumnos, tanto de la universidad pública como de la privada, todos ellos son un beneficio para el sistema y, por supuesto, para la economía. Sin contar lo que le cuesta a cada estudiante su año académico, cada estudiante gasta, de media, unos 1.300 euros mensuales en alojamiento, comida, material, ocio, etc., según un informe de la Universidad Complutense de Madrid. Evidentemente, esto varía en función de la ciudad en la que viva y estudie el alumno y sus gastos propios.
Pero si se atiende este promedio queda patente que todos los estudiantes del SUE gastan cada mes más de 2.000 millones de euros. Pero, si sólo se cuenta a los de la privada la cifra alcanzaría casi 590 millones de euros de gasto mensual. Es decir, algo más de 5.000 millones al año. Eso, por supuesto, es un impacto económico y comercial generado por el sistema universitario privado.
Un grupo de alumnos en la facultad.
Es más, estas universidades atraen, de manera proporcional, a más alumnos internacionales. El Informe CYD 2023 sobre el El nivel de internacionalización de la universidad española indica que “las universidades públicas tienen un mayor número de estudiantes internacionales (91.985) y superan en más del doble la cifra de las privadas (43.489); sin embargo, proporcionalmente, el alumnado extranjero representa el 18,82 % del total de las universidades privadas y el 7,85 % de las públicas”.
Esto significa que la universidad privada tiene mayor capacidad de atracción de talento extranjero de manera proporcional, así como de personal docente. Estos estudiantes extranjeros gastarían cada mes casi 57 millones de euros. Una cifra que cada año natural rozaría los 700 millones de euros de dinero extranjero que se gasta en España.
La reforma del Gobierno
Por todo ello, ha llamado la atención la forma en la que el Gobierno de España ha planteado esta la reforma del decreto para crear o mantener nuevas universidades. Sobre todo, por la tramitación por vía urgente de una normativa vigente desde 2021 y que afecta en mayor medida a la universidad privada, la cual imparte algo más del 25 % de los títulos universitarios (grados, másteres y doctorados) en España. En este sentido, la oposición ha criticado que la norma pueda no pasar por sede parlamentaria.
Entre estos nuevos requisitos publicados destaca que el Gobierno quiere que sean vinculantes y preceptivos los informes que deben emitir las agencias como la ANECA o de evaluación autonómicas para la creación de nuevas universidades privadas. También que estos centros deberán llegar a una masa crítica de, mínimo, 4.500 estudiantes en cinco años o que deben garantizar en el tercer año de actividad académica el alojamiento a estudiantes equivalente al 10 % de las plazas de enseñanzas de grado, entre otras. Unos requisitos que deben cumplir y que podrían empujar a muchas entidades privadas a cerrar.
“El Gobierno, seguramente, tiene la buena intención de buscar que la calidad de todas nuestras universidades sea buena. Pero creo que debe llegar a consensos y no generar tensión en un ámbito que no debería ser partidista, pero que, evidentemente, crea agenda política. Y, en general, no se puede negar el buen impacto de la universidad privada como complemento de la pública y que la mayoría tiene reconocimiento académico desde hace años”, culmina el exviceconsejero de universidades consultado por este medio.
