El Supremo de Brasil envía al banquillo a Jair Bolsonaro y otros siete colaboradores por su intento de golpe de Estado

El Tribunal Supremo de Brasil decidió este miércoles, por unanimidad, abrir un proceso penal contra el expresidente Jair Bolsonaro y otros siete acusados por presuntamente conspirar para derrocar al Gobierno mediante un golpe de Estado después de perder las elecciones de 2022.

"Tuvimos un intento de golpe de Estado violentísimo (...) una violencia salvaje, con petición de intervención militar para un golpe de Estado", aseguró el magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso, al argumentar su voto en la audiencia en la que se decide si se abre un juicio contra Bolsonaro.

Moraes fue el primero de los cinco magistrados de la Sala Primera del Supremo en votar contra el exmandatario y otros siete acusados por la Fiscalía -denominado el núcleo de la conspiración golpista- en el que figuran militares de alto rango y antiguos ministros del Gobierno del ultraderechista (2019-2022).

Partidarios del expresidente brasileño Jair Bolsonaro se manifiestan contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva mientras las fuerzas de seguridad operan frente al Congreso Nacional de Brasil en Brasilia, Brasil, el pasado 8 de enero de 2023. Reuters

Durante su intervención, el magistrado mostró imágenes de los hechos ocurridos el 8 de enero de 2023, cuando una horda de simpatizantes del líder ultraderechista destruyeron con actos vandálicos las tres sedes del Poder.

Según De Moraes, lo que ocurrió en esa fecha "fue una noticia terrible para la democracia, para las instituciones, para todos los brasileños que creen en un país mejor".

El juez sostuvo que "la organización criminal siguió todos los pasos necesarios para derrocar al gobierno legítimamente elegido" en un objetivo que "no se concretó" por "la resistencia de los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea a las medidas de excepción".

La Justicia brasileña inhabilita por segunda vez al expresidente Bolsonaro

Bolsonaro y los otros siete acusados fueron denunciados por abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio.

La denuncia, presentada en febrero por la Fiscalía, acusó a Bolsonaro y a otros 33 sospechosos de tratar de anular los resultados de las elecciones de 2022 en las que Lula da Silva salió victorioso para mantenerse en el poder.

Según la acusación, la conspiración desembocó en la invasión violenta las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia de Brasil, pocos días después de la toma de posesión de Lula.

Hasta más de 20 años de prisión

Si es declarado culpable, Bolsonaro podría enfrentar una larga pena de prisión que se extendería a más de dos décadas.

Pese a ello, el expresidente ha insistido en que se presentará como candidato a la presidencia nuevamente el año próximo, a pesar de un fallo del Tribunal Superior Electoral de Brasil que le prohibió postularse a un cargo público hasta 2030 por sus esfuerzos por desacreditar el sistema de votación del país.

De hecho, en su primera reacción tras la decisión del Supremo, el ultraderechista ha denunciado que están acelerando el proceso en su contra para impedirle disputar las elecciones presidenciales de 2026 en las que, afirmó, nadie lo vencería. "Tienen prisa, mucha prisa", dijo Bolsonaro en un largo mensaje en sus redes sociales, transmitido durante las deliberaciones de los jueces.

Bolsonaro señaló que el proceso en su contra "avanza a una velocidad 14 veces mayor que el Mensalão", el proceso contra el entonces presidente Lula da Silva por corrupción en su primer mandato, "y 10 veces más rápido que el de Lula en el Lava Jato", el caso de desvíos en la petrolera Petrobras.

El exmandatario aseguró que la propia prensa admite que esa prisa no obedece a razones jurídicas, sino políticas, ya que el tribunal intenta impedir que el juicio se extienda hasta 2026, cuando será año electoral.

Afirmó que el magistrado Alexandre de Moraes tan solo busca una "venganza", mandarlo a la cárcel y retirarlo de las urnas para impedirle volver a la Presidencia y la obtención de mayorías en el Congreso.

"Lo más irónico es que, en cuanto más atropellan reglas, plazos y garantías para intentar eliminarme, más descarado queda el miedo que tienen de las urnas y de la voluntad popular. Si realmente creyesen en la democracia que dicen defender, me enfrentaría en las urnas", aseguró.

Según Bolsonaro, la comunidad internacional está atenta a lo que ocurre en Brasil y diferentes juristas, diplomáticos y líderes políticos comparan la situación del país con lo ocurrido en Nicaragua y Venezuela, en donde la oposición fue perseguida con "acusaciones vagas de extremismo o de amenazas a la democracia".

Antes de la audiencia judicial, Bolsonaro convocó una manifestación frente a la playa en Río de Janeiro, con la esperanza de aprovechar la menguante popularidad de Lula y presionar al Congreso para que apruebe un proyecto de ley de amnistía que lo favorezca a él y a sus partidarios encarcelados.

La manifestación, que algunos aliados sugirieron que podría atraer a más de un millón de partidarios, fue considerada ampliamente un fracaso después de que dos empresas encuestadoras independientes descubrieron que solo se presentaron entre 20.000 y 30.000 personas.