Dos agentes de la Policía Nacional en el lugar de los hechos. Sevilla
Siete años de encierro en un centro para dos menores por el asesinato de un padre y su hijo en las Tres Mil Viviendas
Sucedió el pasado mes de junio por una reyerta entre familias peleadas por asuntos sentimentales. También había mayores de edad implicados.
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Los dos menores de edad implicados en el asesinato de un padre y su hijo en el marco de una reyerta en las Tres Mil Viviendas el pasado junio tendrán que pasar siete años de internamiento cerrado. Así lo ha dictado el Juzgado de Menores número uno de Sevilla.
Los hechos se produjeron en el marco de una disputa relacionada con un asunto sentimental. En la muerte de las dos personas también participaron otras mayores de edad que forman parte de un procedimiento separado.
Ambos ya estaban en internamiento de manera preventivo. Uno de ellos fue detenido poco después de los hechos. Dos semanas después se entregó un segundo sospechoso, mayor de edad.
El segundo menor cruzó la frontera a Marruecos poco después de la reyerta, pero fue arrestado en septiembre en el paso fronterizo de Melilla, donde tenía fijada su residencia.
Los dos jóvenes, junto con otras personas mayores de edad se dirigieron a la calle donde vivía la hermana de uno de ellos. Había "previas desavenenecias familiares" entre ella y la familia de su pareja.
"Tras haber recibido llamadas de auxilio de la joven pidiendo ayuda", se presentaron allí a bordo de un vehículo. Lo conducía el padre de uno de ellos, reconoce el relato de hechos probados.
Atropellaron y dispararon al padre
El grueso de los hechos se produjo en la calle Victoria Domínguez Cerrato. Allí, el primero de los fallecidos "fue atropellado, sufriendo fractura de la tibia, herida esta que lo dejó inmovilizado en el suelo y sin posibilidad de desplazamiento ni de defensa".
En ese momento, el coche que conducía el padre de uno de los inculpados recibió varios disparos cuando iba en movimiento. Bajaron de él los dos menores junto a otros mayores de edades para golpear y apuñalar al atropellado, que "continuaba con vida tirado en el suelo, herido, inmovilizado y sin posibilidad de defensa".
El varón agredido sufrió varias heridas de arma blanca superficiales, hematomas por todo el cuerpo fruto del atropello y heridas por arma de fuego. Estas últimas fueron la causa que determinó su muerte al afectar a varios órganos vitales. La sentencia reconoce que ninguno de los disparos lo realizaron los menores.
A uno de estos jóvenes se le atribuye el delito de lesiones con instrumento peligroso, ya que la hija del primer fallecido intentó evitar la agresión a su padre. En ese momento, uno de los menores le clavó la navaja en la cabeza.
Diez puñaladas al hijo
Acto seguido, los dos inculpados junto al resto de implicados mayores de edad cometieron los hechos que le provocaron la muerte al segundo fallecido, hijo del primero.
"Concertados con la intención de acabar con su vida, le obligaron a ponerse de rodillas", dice la sentencia. "Mientras, unos le sujetaban por los brazos y la cabeza impidiendo que pudiera defenderse, le asestaron diez puñaladas por todo el cuerpo", añade.
La víctima se trasladó "como pudo" hasta el muro de unas vías del tren. Allí fue encontrado por la Policía. Se le trasladó al Hospital Virgen del Rocío, donde acabó falleciendo.
Fruto de la reyerta entre estas dos familias, se registraron al menos otros seis heridos. Entre ellas una niña recibió el impacto de una bala. Se asomó a la ventana por el ruido del enfrentamiento.
Indemnización de más de un millón
La sentencia, dictada el 25 de febrero, impone a uno de los menores siete años de internamiento en régimen cerrado y cinco de libertad vigilada con asistencia educativa. Esta última conlleva la prohibición de comunicar y acercarse a menos de 300 metros de la familia de una de las víctimas. Responderá por los delitos de asesinato, otro de intento de asesinato y uno de lesiones con instrumento peligroso.
La sentencia es parecida para el segundo, al que se le culpa de asesinato e intento de asesinato. El Juzgado ha decretado siete años de internamiento en régimen cerrado y cuatro años de libertad vigilada con asistencia educativa.
Igualmente, por responsabilidad civil, ambos menores, conjunta y solidariamente con sus padres, tendrán que abonar algo más de un millón de euros a las familias de las víctimas.
