Dos de los principales acusados por el brote de listeriosis más grande de España. Sevilla
El juicio por el brote de listeriosis en Sevilla, el más grande de España, será en 2026: cuatro meses y 46 sesiones
La Fiscalía reclama penas de entre diez y once años de cárcel para los cuatro miembros de la empresa Magrudis, que producía la carne mechada contaminada.
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La provincia de Sevilla fue en 2019 el foco del brote de listeriosis más grande de España. Cuatro personas fallecieron y se registraron más de doscientos afectados. Todos ellos comieron carne mechada de la empresa Magrudis. El caso está en los tribunales desde entonces, pero será en octubre de 2026, siete años después, cuando empiece el juicio.
Concretamente, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha fijado el 16 de octubre como fecha de la primera de las sesiones. Serán 43 en total hasta la finalización prevista para el 27 de enero de 2027.
Así, se prolongará durante cuatro meses el juicio contra la familia administradora de la empresa Magrudis, el arquitecto técnico y la veterinaria municipal de Sevilla.
La Fiscalía reclama once años y medio de cárcel para Antonio Marín Ponce, administrador de la empresa; y para uno de sus hijos Sandro José Marín Rodríguez, que presuntamente actuaba como testaferro.
Por su parte, para su mujer, Encarnación Rodríguez Jiménez, que ejercía como responsable de producción; y para el otro de sus hijos, Mario Martín, pide diez años de prisión. La Fiscalía no presentó acusación contra la veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla, quien sigue figurando como acusada en la causa.
El Ministerio Público cree que existió un supuesto delito continuada contra la salud pública, en concurso con cuatro delitos de homicidio por impurdencia grave, siete de lesiones al feto por imprudencia grave y otros 235 de lesiones por imprudencia grave, así como un delito de defraudación de fluido eléctrico y otro de falsedad en documento oficial.
Por su parte, también se determinará si los acusados deben asumir indemnizaciones en materia de responsabilidad civil. La Fiscalía pidió que todos los acusados indemnicen con 141.040 euros al Ayuntamiento de Sevilla y con 800.000 euros a la Junta de Andalucía por los gastos generados.
A su vez, también reclama el pago de 5.861 euros a Endesa y la compensación económica de los cuatro fallecimientos, abortos y del resto de lesiones y secuelas causadas al resto de afectados.
