Evitar la corrupción económica de los gobiernos es difícil. El refranero español lo recoge en la frase “hecha la ley, hecha la trampa”. La permanencia en el poder acaba adormeciendo a los vigilantes de la gestión. Además, algunos, como los tribunales de cuentas, tienen una función a posteriori, por lo que cuando la denuncian ya es tarde.
El poder silencia las conciencias y atrae a los ambiciosos. Cuando la permanencia en el poder dura tiempo se produce una sensación de impunidad que relaja la vigilancia.
Por tanto, no es improbable que un gobierno tenga corrupción económica. Podría decirse que va con la naturaleza de las cosas si no se prevé con tiempo.
La ciencia política, que analiza la realidad del poder público, siempre lo ha tenido en cuenta. Montesquieu desarrolló la teoría de la independencia de los poderes del Estado, entre otras cosas, para intentar mitigar este peligro. Distinguió los tres poderes: el Gobierno o Ejecutivo; el parlamento o legislativo; y el judicial.
Se supone que el parlamento vigila al Gobierno y que el judicial es la última instancia para dirimir diferencias. Eso exige independencia entre los tres y la inmiscibilidad de sus intereses; así como las barreras de traspaso de personas del poder judicial a los otros dos y viceversa.
Pero no es el único mecanismo preventivo de las democracias modernas. A los medios de comunicación se les asigna también un papel preventivo y de transparencia ante la opinión pública. Con su capacidad de indagar en la realidad actúan como disuasores de malas prácticas gubernamentales. Con su capacidad de exponer hechos, facilitan la transparencia y el conocimiento de las actuaciones de los gobernantes. Por eso se le denomina “el cuarto poder”.
El poder silencia las conciencias y atrae a los ambiciosos
Además, la democracia actual tiene otros mecanismos de prevención y denuncia. Por ejemplo: la acusación popular o la posibilidad de instituciones, empresas y particulares de acudir a los tribunales. Otro mecanismo para ello es reducir las “puertas giratorias” dificultando, al menos temporalmente, los traspasos de personas entre sector público y privado.
Todos estos sistemas buscan mantener las acciones gubernamentales dentro de los márgenes de la decencia y la honestidad, aunque se sabe que es difícil.
¿Qué pasa cuando se corrompen estos mecanismos preventivos?
En ese caso, la probabilidad de que se desate la corrupción económica es alta. Por eso la corrupción conceptual es tan o más peligrosa que la económica, con ser esta la que más escandaliza a la población.
Cuando el Ejecutivo intenta (y a veces consigue) introducir sus intereses en el sector judicial, se está reduciendo su independencia para evitar sanciones a los corruptos. Cuando en el Tribunal Constitucional se nombra a un presidente que ha tenido fuertes relaciones con un gobierno, no es difícil sospechar el porqué del perdón a los condenados por el caso de los EREs.
Cuando se hacen leyes para exonerar personas o colectivos a cambio de votos parlamentarios para seguir en el poder se está conculcando la independencia judicial. No es de extrañar que el Tribunal Supremo se resista a realizar una interpretación jurídica complaciente de la ley de amnistía o la oposición se rebele ante los perdones de deudas económicas con el Estado en el caso de Cataluña.
Cuando se hacen leyes para exonerar personas o colectivos a cambio de votos parlamentarios para seguir en el poder se está conculcando la independencia judicial
Cuando se intenta transferir exclusivas del Estado a Cataluña (emigración, por ejemplo) a cambio de votos, se está corrompiendo el engranaje constitucional, garantía de igualdad de los españoles ante la ley.
Cuando se dirigen los gastos publicitarios gubernamentales hacia determinados medios de comunicación, se discrimina a otros y, además, se manipulan los medios públicos (RTVE o EFE, por ejemplo) se está deteriorando la calidad de la democracia.
Cuando se colocan “amigos del Gobierno” en empresas públicas y privadas, como ha ocurrido con Indra o Telefónica, mediante la compra de capital con los impuestos de todos, se está debilitando la independencia del sector privado.
Toda esta corrupción, que podemos llamar conceptual, deteriora la democracia. Con ese deterioro se concentra el poder en pocas manos. Una concentración de poder que es la antepuerta de la corrupción económica.
El problema con este gobierno es que, por lo que sabemos, su corrupción económica empezó mucho antes de lo esperado. Probablemente porque la ideología PSOE/sanchista lo lleva en su germen. Es el huevo de la serpiente.
** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.
