El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante una reunión en Bruselas
Bruselas aplaza su veredicto sobre el quinto pago de fondos Next Gen mientras la subida al diésel sigue en el limbo
El Gobierno de Sánchez continúa acumulando retrasos en los desembolsos de las ayudas europeas, que se perderán si no se ejecutan antes de agosto de 2026.
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El Gobierno de Pedro Sánchez sigue acumulando retrasos en la ejecución de los fondos Next Generation por la falta de apoyos entre sus socios para sacar adelante las reformas exigidas por Bruselas. La Comisión de Ursula von der Leyen ha vuelto a aplazar indefinidamente su dictamen sobre el quinto pago de 23.900 millones que España solicitó en diciembre de 2024 -que tras varias prórrogas debería haberse publicado este viernes 11 de abril- porque el Ministerio de Economía reclama nuevos ajustes en el plan de recuperación para facilitar su cumplimiento.
Según el calendario original pactado entre Bruselas y Madrid, el quinto pago de subvenciones tendría que haberse desembolsado en diciembre de 2023. Eso significa que España suma más de un año de demora en la puesta en práctica del plan de recuperación, lo que agrava el riesgo de perder ayudas europeas, ya que todas las reformas e inversiones deben haberse concluido antes del 31 de agosto de 2026. Nuestro país no ha recibido ningún desembolso desde junio de 2024.
Además, Sánchez sigue sin cumplir uno de los hitos más importantes exigidos en este quinto pago, el 'impuestazo' al diésel para equiparar su fiscalidad a la de la gasolina. Se trata de una de las piezas centrales de la reforma fiscal que el Ejecutivo español ha comprometido ante Bruselas, que debe generar un incremento permanente de la recaudación equivalente al 0,3% del PIB.
El Congreso ya tumbó el 'impuestazo' al diésel en noviembre de 2024 debido al rechazo de Podemos, que denuncia que "lo van a pagar fundamentalmente las familias trabajadoras". El presidente del Gobierno anunció entonces que presentaría un nuevo decreto para sacarlo adelante, pero al final esta subida impositiva ha quedado en el limbo porque Sánchez sigue sin tener apoyos suficientes para aprobarla.
Si la subida del diésel no se aprueba antes de que concluya su evaluación del quinto pago, Bruselas aplicaría una penalización por incumplimiento. Según los cálculos de este periódico a partir de la metodología de pagos parciales de la Comisión, el recorte podría ascender a 800 millones de euros.
Pero además, el Ejecutivo comunitario se reserva el derecho de aumentar todavía más el castigo cuando la reforma pendiente se considere "de especial importancia". En el caso de España, la UE siempre ha considerado clave la reforma fiscal para garantizar una reducción sostenida del déficit y la deuda.
En su informe sobre España publicado este jueves, el Fondo Monetario Internacional (FMI) reclama "una estrategia más clara" de ajuste presupuestario "basada en prioridades bien identificadas de aumento de impuestos y reducción del gasto". "Estas medidas podrían incluir la armonización de los tipos del IVA y la mejora de la tributación ecológica (empezando por igualar los impuestos especiales al diésel y la gasolina) para preservar el crecimiento y cumplir los objetivos ambientales de las autoridades", agrega.
El FMI señala también como uno de los principales riesgos para el crecimiento "una ejecución más lenta de lo esperado de los fondos Next Gen".
Los nuevos ajustes solicitados por España en el plan de recuperación, que han provocado el último retraso en el quinto pago, no tocan la exigencia por parte de la UE del 'impuestazo' al diésel. Se trata de "modificaciones técnicas menores" cuyo objetivo es facilitar la evaluación de hitos y objetivos.
Pedro Sánchez.
Por ejemplo, se modifica el hito 160 sobre interconexión de las plataformas nacionales de contratación para corregir una errata en la redacción original, que hacía referencia a "datos" en lugar de "campos de datos agregados", lo cual generaba una diferencia conceptual significativa, según explican fuentes europeas.
Aún así, se trata de la segunda modificación que pide el Gobierno de Sánchez en apenas cuestión de meses. La primera fue aprobada por el Ecofin el 21 de enero de este año. Apenas 60 días después, el 21 de marzo, España volvió a solicitar más cambios.
Bruselas tiene previsto aprobar la versión revisada del plan de recuperación español en los próximos días, pero hasta que el Ecofin no la ratifique no podrá concluir la evaluación sobre el quinto pago. Eso significa que el dictamen podría retrasarse al menos hasta finales de mayo.
El indicador que mejor ejemplifica las dificultades de Sánchez con los fondos Next Generation es la comparación con el Gobierno de Giorgia Meloni, que hace ya muchos meses que adelantó a España en la ejecución del plan.
Mientras que Italia ya ha recibido 122.130 millones de los 194.382 millones que tiene adjudicados (el 63% del total, sumando subvenciones y créditos), España está en 48.300 de un total de 163.000 (el 30%). Además, nuestro país sólo ha cobrado 340 millones de los créditos blandos porque Sánchez no los solicitó hasta 2023 por miedo a una crisis de deuda.
