La ley asturiana de ciencia e innovación ya es una realidad: el blindaje de la inversión en I+D+I, objetivo urgente

Con respecto a lo primero, aunque el texto legislativo ha tardado más de lo previsto en llevarse al parlamento autonómico para su aprobación, ya es una realidad. Fue en verano cuando el Consejo de Gobierno dio luz verde a la ley, pero no ha sido hasta hace unos días cuando el resto de grupos políticos emitieron sus votos.

Y en ese momento se pudo despejar la otra gran incógnita sobre la ley. Aunque el gobierno de Adrián Barbón apostaba por ser capaz de sacar adelante esta legislación por consenso, finalmente no ha sido así. VOX se abstuvo en una votación en la que el resto de grupos sí que dieron su voto de aprobación a un texto histórico.

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Así pues, tras el trámite parlamentario, el presidente del Principado de Asturias ha firmado ya la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, una norma que facilitará el crecimiento del sistema científico-tecnológico regional con una apuesta por el incremento de la financiación, el refuerzo de la colaboración entre el sector público y la iniciativa privada, la carrera investigadora como eje para atraer talento y el apoyo a la I+D+i de excelencia.

Precisamente el tema de la financiación es ahora el asunto más urgente y más importante de todos los que deben abordarse en aplicación de la ley.

A través de la primera norma que se aprueba en Asturias para regular la ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación, el ejecutivo autonómico se marca como primeros objetivos blindar la inversión pública e incentivar la privada, así como ampliar de cinco a siete años los programas de ayudas y atracción de talento para converger con Europa.

Este nuevo horizonte permitirá trabajar con más previsión y otorgará mayor estabilidad a las convocatorias de investigación e innovación.

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En el aspecto económico, el proyecto prevé llegar en 2030 a los 1.075 millones anuales destinados a I+D+I, tanto de financiación pública como privada, lo que supondría el 3% del PIB regional y algo más del 4% del presupuesto autonómico.

Como ya publicó en su día DISRUPTORES, ese aumento será gradual y responde a un porcentaje de inversión objetivo por años, que se concreta del siguiente modo: 2,4% para este año; 2,7% para 2025; 3,1% para 2026; 3,5% para 2027; 3,8% para 2028; 4,2% para 2029 y 4,6% para 2030.

La norma fomentará también la colaboración público-privada, a través de la puesta en marcha de entornos controlados para pruebas y ensayos (sandbox) y la compra pública innovadora. Al mismo tiempo, facilitará la transferencia de conocimiento y la innovación empresarial.

Entre otros muchos puntos, la nueva ley contempla la creación del registro del Sistema Asturiano de Ciencia, Tecnología e Innovación (SACI), y la puesta en marcha de un Observatorio Asturiano de la Innovación y el fomento de unidades de excelencia investigadora.

Otro de los puntos de la ley tiene que ver con el hecho de que la ley será clave para la creación de un cuerpo superior dedicado a la investigación, que será el embrión del CSIC asturiano. La norma persigue la ordenación, promoción y financiación del sistema de investigación e innovación en el Principado.

El Cuerpo Superior de Investigación previsto en la norma estará formado por tres escalas: docentes, investigadores y científicos titulares. Todas las personas integrantes de este grupo deberán tener título de doctorado y estarán encuadradas en el grupo A1 de la administración pública.  

La nueva legislación consta de un título preliminar, seis títulos, 69 artículos, tres disposiciones adicionales, una transitoria única y una final única. El objetivo final es trazar una hoja de ruta marcada por la calidad y competitividad del ecosistema científico y tecnológico asturiano que contribuya a impulsar una economía basada en el conocimiento y que genere desarrollo tecnológico, riqueza y empleo.