La caída del decreto ómnibus el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados ha supuesto un jarro de agua fría para el sector del automóvil. Y con el paso de los días se conocen todavía más las consecuencias que está teniendo la no aprobación de este decreto, principalmente en las ventas y matriculaciones de coches eléctricos.

Para entender la complejidad de esta situación conviene primero tener en cuenta el contexto que viven los fabricantes de coches. Los grupos constructores están obligados a matricular un elevado número de coches eléctricos en 2025 (en torno al 20% en Europa) para cumplir con la normativa de emisiones. De lo contrario, recibirán multas.

Ahora bien, a la hora de matricular coches eléctricos, se necesitan las ayudas para equiparar los precios de los coches eléctricos, frente a los de combustión. Prueba de ello es que cuando otros países europeos han quitado esas ayudas, las ventas han caído notablemente, como es el caso de Alemania.

En cuanto a España, hasta la semana pasada estaba vigente el Plan Moves 3, que permitía recibir entre 4.500 y 7.000 euros de ayudas para la compra de coches. Además, también se podía deducir hasta un máximo de 3.000 euros en la declaración de la renta, lo que asciende las ayudas a cantidades que van entre los 7.500 y los 10.000 euros.

Este Plan Moves 3 caducaba el pasado 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, unos días antes de que acabara el año, en concreto el pasado 23 de diciembre, el Gobierno renovaba el Plan Moves 3 de ayudas a los coches eléctricos hasta el 30 de junio de 2025. Esta prórroga, que se publicaba en el BOE poco después, tenía que pasar por el Congreso.

Y ahí fue cuando ocurrió el problema. Al pasar por el Congreso y no ser aprobado este real decreto, inmediatamente el Plan Moves 3 cayó por completo. Y con la caída del Plan Moves 3 también caen las ayudas.

En este sentido, en los últimos días se está hablando de volver a aprobar en Consejo de Ministros las medidas y volver a llevar al Congreso un nuevo decreto ómnibus con las medidas.  Y aquí es donde viene el problema. En el caso del Plan Moves 3, aunque se presente un nuevo decreto ómnibus, no se puede reeditar.

¿La razón? En la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común, se establece que en lo que ha vencido plazo vigencia, la administración ha perdido definitivamente la oportunidad de dar inicio al procedimiento.

De ahí que, el Plan Moves 3 tal y como lo hemos conocido hasta ahora, no se puede aprobar en Consejo de Ministros y no se podrá presentar para su aprobación en el Congreso de los Diputados.

Un nuevo Plan Moves 3.5

A partir de aquí, ¿qué opciones quedan? Una de ellas sería la de presentar un nuevo plan, que no podría continuar bajo el nombre de Plan Moves 3. Requeriría un cambio de denominación, como Plan Moves 3.5 o Plan Moves+. No obstante, para que se lance este nuevo programa habría que restablecer todo el proceso, comenzando con nuevas bases reguladoras. Y aquí los tiempos no serían rápidos, ya que dependerán de la voluntad política.

Si bien un Plan Moves nuevo tiene más complejidad, la restauración de la subvención con el IRPF es algo más fácil de llevarla a cabo. E incluso se podría pensar en ampliar la deducción que existe actualmente, pero también debería haber voluntad política para llevarla a cabo.

Deducción del 21% en el IRPF

Precisamente, y dada la complejidad y falta de agilidad del Plan Moves 3, una de las medidas más rápidas sería la de aumentar la deducción del IRPF. Actualmente, esta medida está en el 15% del valor del vehículo, con una deducción máxima de 3.000 euros.

Precisamente desde Aedive (la asociación del vehículo eléctrico) se pide aumentar la deducción hasta el 21% y hasta una base máxima de 45.000 euros. Una deducción que de aprobarse de esta manera sería hasta 9.450 euros de deducción por un eléctrico.

También desde este organismo se demanda una deducción en el IRPF del 35% del valor de la instalación del punto de recarga de vehículo eléctrico, siendo la base máxima de deducción 3.000 euros.

A ello se suman otras medidas propuestas desde esta asociación, como deducciones en el impuesto de sociedades, un bono por achatarramiento de 2.000 euros y seguir mejorando los certificados de ahorro energético (CAES).

Las ventas caen en picado

Lo cierto es que la supresión del Plan Moves 3 ha hecho que las ventas de coches eléctricos hayan caído en picado. "Han provocado un parón", señalan fuentes del sector. En concreto, desde principios de año y hasta el pasado 22 de enero, las matriculaciones habían experimentado un crecimiento importante del 60% en vehículos eléctricos de batería, según datos de  la DGT avanzados por Aedive. Y en cuanto a la venta de eléctricos en el canal de particulares estaba creciendo el 100%.

Por todo ello, desde esta asociación han mostrado su preocupación, ya que dificulta el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que establece 5,5 millones de vehículos eléctricos en 2030, y pone en riesgo una inversión privada cercana a 60.000 millones de euros, necesaria para llegar a esos objetivos.

El IDAE responde

Desde el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)  señalan que "la voluntad del Gobierno de impulsar el vehículo eléctrico en España es clara, en línea con el PNIEC a 2030. Ante esta situación sobrevenida, aprovecharemos para diseñar mecanismos que sean lo más eficientes posible para conseguir ese objetivo y facilitar a los ciudadanos y las empresas la oportunidad de sumarse a una movilidad más sostenible y libre de emisiones".

Unos mecanismos sobre los que el IDAE no ha querido dar más detalles, ante las preguntas de EL ESPAÑOL. No obstante, desde este organismo sí han puesto en valor lo conseguido por el Plan Moves 3 hasta ahora, que "ha movilizado 1.336 millones de euros para el despliegue de la movilidad eléctrica en España procedente en su mayoría de los fondos de recuperación".

"Este presupuesto ha permitido a las comunidades autónomas conceder ayudas hasta la fecha por importe de 848 millones de euros para 214.000 actuaciones, en las que el 75% de los beneficiarios son ciudadanos", concluyen desde el organismo.